FRANCISCO ESCANDÓN GUEVARA
El auge de la violencia y la inseguridad en el país es una realidad que está siendo usada por los grupos de poder para instalar el debate de securitización de la seguridad pública.
Desde esa lógica, la solución a estos conflictos sociales exigiría el endurecimiento de penas, el mejoramiento del armamento policial, mayores recursos para la represión, la legalización de la extralimitación de la fuerza, el porte legal de armas, etc.
La securitización pretende de imponer un orden que naturalice las desigualdades, esconda los conflictos sociales y pacifique toda oposición a los intereses oficiales. Así, el uso y abuso de los estados de emergencia o de excepción están convirtiendo a los cuerpos armados castrenses en actores de la seguridad pública, por tanto, los asuntos de jurisdicción policial se narran como propios de una guerra y se militarizan los territorios.
A propósito de los delitos vinculados al sicariato y el narcotráfico, viralizados por diversos medios, el populismo penal pretende flexibilizar los controles legales para el uso desproporcionado de la fuerza como remedio para combatir la criminalidad, aunque ese artificio demagógico en el fondo no solucione los problemas. Un debate semejante, durante el correísmo, engendró el actual COIP que introdujo setenta nuevos tipos penales y la construcción de cárceles regionales que, lejos de derrotar a la delincuencia, triplicó el número de personas privadas de la libertad.
Las políticas recientemente dictadas por el del gobierno de Lasso (alza salarial para la cúpula de la policía, mayor presupuesto para combatir al hampa, reubicar mil policías en la provincia del Guayas o la Ley para garantizar la impunidad represiva) son parte de esa tendencia que establece medidas policiales para resolver problemas sociales.
Esas medidas anunciadas pretenden recuperar la credibilidad del gobierno, pero son escasas para lograr cambios estructurales y no disimulan las intenciones reales del banquero que busca agudizar la criminalización de la protesta social contraria al neoliberalismo.
El abuso del derecho penal solo abona el terreno para una espiral de violencia mayor. La raíz del problema es la pobreza, el desempleo y la precariedad, mientras el Estado cierre los ojos a esa realidad los conflictos sociales continuarán.
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