Guatemala, al igual que la mayoría de los países latinoamericanos, es principalmente agroexportador. El cardamomo, banano, café, azúcar, entre otros, son los principales productos de comercialización. Los mecanismos hacendatarios y terratenientes traspasan de modo flexible al Estado y la actividad política. La United Fruit Company tenía un peso brutal en la política pública guatemalteca. La nación es considerada por EEUU como una de las Banana Republics latinoamericanas.
La semana anterior el Gobierno y el Congreso apostaron por aprobar como trámite de urgencia económica el mayor presupuesto de la historia guatemalteca, 99 mil 700 millones de quetzales, equivalente a 12 mil 805 millones de dólares, para el 2021. El 25% del presupuesto provendría del incremento de la deuda externa y el gobierno no transparenta la utilización de esos recursos. El pueblo estalló en furia porque ese presupuesto no estaba destinado a solucionar los problemas básicos de salud, educación, seguridad social, sino a programas de obra pública con sobreprecios. Las partidas para combatir la pobreza y desnutrición bajaron sensiblemente, en un país con 17 millones de habitantes, el 59% está en la pobreza y la mitad de los niños menores de 5 años en desnutrición. Además de la pandemia, Guatemala soportó recientemente los desastres de la tormenta Iota.
La policia, como en todos los países movilizados, ha lesionado gravemente a los manifestantes. El mismo Estado ha sido acusado de empezar el incendio en el Congreso. Las manifestaciones continúan y exigen la dimisión del presidente Alejandro Giammattei, tildado de corrupto y de responsable de la desaparición de cientos de millones de dólares. El Congreso está en su peor momento y la población lo llama “la cueva de ladrones”. Hay un sistema estatal de corrupción y enriquecimiento a través de la obra pública que enloda a ministros, diputados, alcaldes y contratistas y se ha denominado “el pacto de los corruptos”, donde están mezcladas autoridades públicas, militares y mafias. Ante las movilizaciones, el Congreso suspendió el lunes 23 de noviembre la aprobación del presupuesto. Allan Rodríguez, presidente del parlamento, dice que la medida quiere mantener la “gobernabilidad del país y la paz social”.
Guatemala es otro ejemplo de acumulación del capital a través del sistema de corrupción estatal. El hartazgo de la población y los deseos de cambiar la situación económica y política los lleva a las calles para exigir transformaciones permanentes. Las protestas latinoamericanas tienen banderas similares contra la corrupción, la desigualdad, el colonialismo extranjero y el enriquecimiento ilícito. El control pandémico no puede detener la movilización social de la misma forma que lo hacía algunos meses atrás.
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