por Francisco Escandón Guevara I ECUADOR
El feminicidio de María Belén Bernal a manos de un policía, ha desatado la indignación de la sociedad ecuatoriana ante la errática respuesta del gobierno de Lasso. El autor sitúa este delito dentro de los problemas estructurales de las instituciones ecuatorianas.
Lo acontecido con María Belén Bernal conmueve al Ecuador, su muerte violenta marca diferencia con las de otros centenares de mujeres, pues la responsabilidad, por acción y omisión, recae directamente en la institución policial y las autoridades gubernamentales.
Este hecho trasciende al de un femicidio, en realidad constituye un feminicidio. Rebasó el condenable asesinato por razones de género, sexistas y machistas, a un ejercicio de violencia institucional en el cual el Estado es protagonista.
Las miras cortoplacistas se detendrán en evaluar el sombrío papel de los ministros y de la alta cúpula de la gendarmería, pero al escudriñar es evidente que el Estado no da garantías a las mujeres, ni crea condiciones de seguridad para sus vidas en ningún espacio público o privado; así se evidencia en la reducción de rentas que el gobierno entrega para prevenir la violencia de género y la pírrica ejecución de ese presupuesto que apenas llega al 6% anual.
El feminicidio de María Belén no es un hecho aislado, es parte de la concepción y práctica cotidiana de la Policía Nacional. Esa es una estructura jerarquizada, corrupta, violatoria de derechos humanos y machista al servicio de los intereses del poder político. En manos de esa cloaca está la seguridad ciudadana, a ellos se privilegia con más recursos e incluso se los faculta para hacer uso progresivo de la fuerza.
El espíritu de cuerpo de las élites con la gendarmería es indiscutible. Frente al reclamo de verdad, las cúpulas caracterizaron el delito como crimen pasional; ante la exigencia generalizada de justicia, los ministros misóginos Carrillo y Ordóñez salieron en defensa del prestigio institucional; en respuesta a las movilizaciones de solidaridad, acusaron al movimiento de mujeres de desestabilizadoras. ¡Que estupidez!
Está claro, en el país hay un entramado de condiciones sistemáticas de impunidad estructural sobre el cual se asesinan mujeres, las investigaciones se dilatan y los responsables huyen sin rastro. Para el Estado no son víctimas, son sólo estadísticas.
La baja de un par de generales, la renuncia del ministro Carrillo y el plazo de una semana para encontrar al femicida Cáceres es insuficiente, sabe a un nuevo distractivo gubernamental con el que se quiere acallar la justicia. Tapar la verdad con la sucia alfombra del poder es una bomba de tiempo, los cambios deben ser integrales e inmediatos.
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