-por YURI F. TÓRREZ-
Al atardecer del domingo 10 de noviembre de 2019, militares y policías que custodiaban férreamente la plaza Murillo le abrieron las puertas del Palacio de Gobierno, como si fuera una autoridad democráticamente elegida, al entonces líder cívico cruceño Luis Fernando Camacho. Él se dirigió al centro del hall decorado sobriamente con soportes de orden dórico que responde al estilo neoclásico. Allí, cerca de esa bella escalinata imperial de mármol, Camacho y sus acompañantes se agacharon, extendieron al suelo uno de los símbolos patrios: la tricolor, y encima de ella pusieron las sagradas escrituras anunciando la entrada de la Biblia al Palacio.
Ese acto simbólico podría descifrarse como un desagravio a la República señorial interpelada por el Estado Plurinacional, pero, además, en la coyuntura de la crisis poselectoral fue una de las alegorías más significativa del golpe de Estado perpetrado en Bolivia. Quizás, la tramoya golpista fue maquinada por muchos personajes que operaron detrás de bambalinas, pero la figura más visible fue Camacho.
El pez muere por su propia boca, el actual gobernador de Santa Cruz confesó fanfarrónamente —en un video filtrado— que su padre “negoció” con militares y policías para que no salieran a reprimir a los movilizados de octubre/noviembre de 2019. “Cuando pudimos consolidar que ambos no iban a salir, fue que dimos las 48 horas (de plazo) a (Evo) Morales para que presente su renuncia”, dijo. Además, en un cabildo cruceño se dirigió a los policías prometiéndoles que “con un nuevo gobierno estarían mejor pagados”. Días después, policías se amotinaban y, posteriormente, un jefe militar “sugería” a Morales renunciar a la presidencia. Entonces, ¿quién habló de sedición? O ¿preludio del golpe de Estado?
El documento de los obispos bolivianos con referencia a la reunión del 10 de noviembre —donde se reunieron políticos opositores con personajes eclesiales y diplomáticos, que decidieron quién iba a ser el sucesor o, mejor dicho, la sucesora presidencial de Morales—, dice: “La primera propuesta analizada, para ser elevada a la Asamblea Legislativa, relativa a la instalación de una junta cívico militar, propuesta por Luis Fernando Camacho en medios de comunicación, fue rechazada inmediatamente”. O sea, si hubiera sido la “junta cívico militar” no habría debate alguno sobre el desemboque golpista de las movilizaciones de octubre/noviembre de 2019, dicho sea al pasar, algunos denominaron “insurrección popular”, pero, si fuera así, siguiendo a René Zavaleta, se diría que la masa movilizada también “puede constituirse de un modo reaccionario”.
Entonces, la disyuntiva de esa noche de noviembre giraba entre la salida golpista sin ningún barniz legal, propuesta por Camacho, o la otra, también golpista, que pretendía ser “más próxima” a la Constitución, pero, paradójicamente, sin ningún legislador del MAS en la sucesión presidencial, como preveía el reglamento interno parlamentario. Entonces, según el documento de la curia eclesial, la propuesta camachista fue “rechazada inmediatamente”. Era obvio. Hoy los neogolpismos no son como antes, tienen la fachada de legalidad, pero no dejan de ser golpes de Estado.
Desde ya, la ruptura constitucional de noviembre de 2019 fue precedida por una cruzada conspirativa y una movilización urbana agitada por el exlíder cívico cruceño. Por lo pronto, la Fiscalía tiene previsto convocar a declarar a Camacho, esperemos que sea así. Ojalá que esta trama golpista no se robe el título cinematográfico del entrañable Akira Kurosawa: Los canallas duermen en paz.
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