FRANCISCO ESCANDÓN GUEVARA
En el siglo anterior, la reforma agraria viabilizó la redistribución parcial de la tierra en minifundios poco productivos, que fueron entregados a los campesinos pobres y dieron cabida a la modernización de la hacienda latifundista con el actual modelo de agroexportación.
Lejos de resolverse la inequidad, las nuevas relaciones sociales de producción convirtieron a miles de trabajadores, sometidos al régimen de servidumbre, en asalariados agrícolas y otros se dedicaron a cultivar sus parcelas para el autoconsumo o la comercialización.
Esos millares de productores sostienen la seguridad alimentaria del Ecuador, mientras el modelo de agroexportación, otra forma de extractivismo, condenó al país a ser una economía subdesarrollada y dependiente que oferta, en los mercados internacionales, productos secundarios para la supervivencia humana.
La imposición de ese paradigma como política de Estado es responsable del sinnúmero de problemas que agobian a productores y consumidores. Las consecuencias son el inminente peligro de quebrar las pequeñas y medianas unidades productivas agropecuarias, el detrimento de la soberanía alimentaria y la creciente acumulación de riquezas en beneficio de grupos económicos.
Mientras en el año 2021, los oligopolios (Corporación Favorita, Tiendas Industriales Asociadas, Corporación El Rosado, Pronaca, la Fabril, Agroazucar, Ubesa, Reybanpac, Frutadeli, Lácteos San Antonio, Toni, Nestlé; etc.) repitieron su supremacía como las empresas con mayores ingresos; algunos sectores de maiceros, fruticultores, arroceros, bananeros, lecheros reclaman que el gobierno controle el pago de precios justos de sustentación, tal como ofreció en la campaña electoral.
Por si fuera poco, la guerra de agresión de Rusia a Ucrania y la crisis de suministros en el mundo entero se está convirtiendo en el pretexto ideal para que intermediarios e industriales especulen con el pago a los productores y los cupos que se les asigna, mientras encarecen los productos de venta al público.
La situación será peor, catastrófica, si el banquero impone su cerrazón aperturista de firmar tratados de libre comercio que beneficiarán a los capos del comercio y sepultará a buena parte del aparato productivo nacional.
Se debe declarar en emergencia al sector productor agropecuario: importar masivamente insumos baratos, masificar el crédito con más capital y menores tasas de interés, controlar los precios en favor de los consumidores, tecnificar la producción, etc., de no hacerlo el campesinado será un protagonista decisivo de oposición.
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